La Secretaría de Comercio anunció hoy una medida que afecta al 75% de las empresas de medicina prepaga, ordenando la reducción de precios basada en el Índice de Precios al Consumidor desde diciembre de 2023. Las compañías analizan la decisión mientras la Superintendencia de Salud presenta medidas cautelares.
Infobae – En una medida sin precedentes, el Gobierno nacional ha ordenado a un considerable porcentaje de empresas de medicina prepaga reducir el precio de sus cuotas. La resolución, dictada por la Secretaría de Comercio, afecta al 75% de estas empresas y exige que los incrementos aplicados desde diciembre se recalculen tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Según las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, estas empresas deberán retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023 y ajustarlas a partir de entonces utilizando el IPC. Adorni también señaló que las compañías están obligadas a aplicar como máximo el IPC para ajustar las cuotas durante los próximos seis meses.
La medida, que se produce luego de una denuncia por presunta cartelización, ha tomado por sorpresa a las empresas, que aseguran no haber participado en negociaciones con el Gobierno. Aunque las compañías tienen la posibilidad de apelar, el Gobierno ha afirmado que la resolución está en vigencia y su aplicación no se detendrá mientras se presente una apelación.
La resolución, dispuesta por la Secretaría de Industria y Comercio a instancias de la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor, tiene como objetivo evitar posibles prácticas especulativas y garantizar la libre competencia en el sector. Se ordena también cesar cualquier tipo de intercambio de información que pueda implicar precios, servicios o costos entre las empresas del sector.
La medida cautelar presentada por la Superintendencia de Salud busca que las empresas de medicina prepaga devuelvan a sus afiliados la diferencia entre los aumentos aplicados y los que deben aplicarse según la decisión oficial.
La decisión del Gobierno se basa en una denuncia realizada por la Coalición Cívica en enero contra las principales empresas del sector, y en presuntos indicios de un acuerdo colusivo entre ellas. Aunque las empresas podrán apelar, el Gobierno ha afirmado que la resolución se mantendrá en vigencia durante el proceso.
El conflicto entre las empresas de medicina prepaga y el Gobierno ha generado un intenso debate en las últimas semanas, culminando en la renuncia del presidente de la Unión Argentina de la Salud, Claudio Belocopitt. Las empresas argumentan que los incrementos aplicados son consecuencia de la devaluación y la modificación de la estructura de precios, mientras que el Gobierno insiste en la necesidad de garantizar precios justos y competitivos para los usuarios.
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